Por: Gilberto P. Miranda / Director Creativo de 26 Norte, agencia dedicada al desarrollo de narrativas visuales y estrategias de comunicación.
La sucesión presidencial ha sido uno de los principales motores en la historia del México moderno.
En nuestro país la figura y el sistema presidencial han sido la norma y el referente alrededor del que giran los procesos de cambio político.
2024 no será la excepción, y como parece ser cada vez más frecuente, la intensidad y pasiones que desata el proceso electoral han comenzado mucho antes que este.
Más allá de partidos y de los personajes que finalmente lleguen a la boleta, lo que nutre todo proceso democrático es centrar la agenda en los debates y problemáticas más relevantes para el futuro del país.
En este sentido, merece la pena analizar cuáles son los factores o puntos clave que deberían impulsarse desde la óptica del capitalismo social o la evolución del sistema económico.
Tomando como base los resultados de la Encuesta de Percepción del Capitalismo y el Empresariado (EPEC) que realiza la Iniciativa Capitalismo Social, hay 3 punto clave a discutir en el marco de la elección 2024:
Impulsar el salario digno
Promover la sostenibilidad y la economía verde
Generar confianza en el sector privado
Analicemos a continuación:
1. Impulsar el salario digno
El salario digno -también llamado salario vital- es el ingreso que permite acceder al nivel de vida mínimo que es socialmente aceptable. Está ligado al valor de la canasta de bienes y servicios que permiten alcanzar ese mínimo nivel de vida (CEEY, 2020).
De acuerdo a la EPEC realizada por la Iniciativa Capitalismo Social, el principal problema en que las y los mexicanos esperan el involucramiento del empresariado es la mejora de salarios.
Partimos de una realidad: en México al menos el 55% de los trabajos son informales, lo que equivale a más de 32 millones de personas (ENOE INEGI, 2023).
Lógicamente la informalidad no solo implica menores salarios, sino la carencia de seguridad social y prestaciones, por decir lo menos.
Pero el problema principal es el salario: hoy en México cerca del 40% de la población tiene un ingreso laboral por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria (CONEVAL, 2023).
Un salario digno en México, tomando como referencia las principales ciudades del país, oscila entre los 15,000 y 20,000 pesos mensuales por persona de acuerdo al Observatorio del Trabajo Digno (OTD). La organización México Digno considera la cifra en 19,000 pesos mensuales por hogar.
Estos cálculos probablemente se realizaron antes de la inflación registrada durante el último año. Para el primer semestre de 2023, se calculó un incremento del valor monetario de la canasta básica de poco más de 10%, con una inflación general anual de 7.5% (CONEVAL, 2023)
Actualmente solo 2 de cada 10 trabajadores que cuentan con un empleo formal tienen un salario digno (IMSS, 2023).
Si bien es cierto que en este sexenio se ha observado un aumento sustancial al salario mínimo, la cantidad de personas en pobreza ha aumentado, un efecto que se ha visto agudizado por al menos dos factores: las consecuencias de la pandemia y la ineficiencia de los programas sociales federales, que contrario a lo que pudiera creerse, ahora llegan a una menor proporción de los hogares más pobres (Licona, 2022).
En resumen: la pobreza y la desigualdad que enfrenta el país deberían ser abordadas en buena medida -aunque no solamente- a través de propuestas de política pública que promuevan e incentiven la mejora gradual de los salarios.
2. Promover la sostenibilidad y la economía verde
El reto más grande que enfrentamos como planeta es el cambio climático.
Hemos visto cómo el calentamiento global está generando fenómenos extremos: desde olas de calor que han roto récords de temperatura y sequías, hasta inundaciones de consecuencias catastróficas.
Además de la obvia amenaza que significa para la viabilidad futura del planeta, el calentamiento global tiene un impacto mayor en las personas y los países de menores ingresos.
5 países del mundo son responsables de más del 60% de las emisiones globales de CO₂: China; Estados Unidos; India; Rusia y Japón.
Los países en desarrollo y sobre todo, su población más pobre, son los más vulnerables a los efectos o “shocks” del cambio climático.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, esto ocurre por tres razones: “primero, los países y personas más pobres tienden a estar más expuestos a los impactos del cambio climático que sus homólogos más ricos. Segundo, son ellos quienes pierden una mayor parte de su riqueza cuando los shocks climáticos golpean. Y tercero, dichas poblaciones disponen de menos recursos para hacer frente a los impactos negativos de los shocks climáticos” (2021).
En un país como México donde casi el 40% de la población está en pobreza laboral (es decir, con ingresos inferiores al valor monetario de la canasta alimentaria), los efectos del cambio climático se agudizan.
Sin embargo, durante este sexenio se ha presentado una situación paradójica: la mayor inversión pública en energía se ha hecho para la producción de combustibles fósiles. Tan solo la refinería Dos Bocas ha costado más de 150 mil millones de pesos (contra el estimado inicial de 47 mil millones).
El efecto en la inversión de energías limpias en el país ha sido el inverso: cayeron de 4,200 millones de dólares a apenas 700 millones en el periodo de 2019 a 2021 (BloombergNEF, 2022).
Por tanto, uno de los puntos clave a debatir durante la campaña 2024 será el modelo económico y la política energética que México pretenda adoptar para el siguiente sexenio, años que serán críticos para las metas de reducción del calentamiento global.
A esto habría que sumar el potencial que tiene el país para impulsar un esquema de economía y trabajos verdes.
Esto implica una economía que se desempeña con bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente (ONU, 2017).
La economía verde incorpora, en un clima cambiante, una visión sistémica del desarrollo al incluir no sólo las actividades económicas, sino también la sustentabilidad ambiental y el bienestar social (INECC, 2017).
Y más interesante aún: la innovación. Implica desarrollar e implementar nuevas tecnologías e impulsar emprendimientos para el uso eficiente de los recursos y promover esquemas de economía circular.
Lo anterior también implica el desarrollo de nuevas habilidades y puestos de trabajo especializados (trabajos verdes) y también un mayor atractivo para la inversión. De hecho se prevé que 2023 sea el primer año donde la inversión en energía solar será superior al gasto destinado a proyectos petroleros (International Energy Agency, 2023).
En resumen: el modelo económico y energético del país tendría que estar en el centro del debate durante la campaña de 2024. México tendrá que definir el camino estratégico a seguir durante los siguientes años -críticos para detener el calentamiento global-, al tiempo que define su postura y potencial aprovechamiento de nuevas tecnologías, emprendimientos e inversiones ligados a la economía verde.
3. Generar confianza en el sector privado
A pesar de un clima de polarización creciente en el país, el 65% de las y los mexicanos tienen una opinión positiva del empresariado. Este porcentaje aumenta al ser medido en las principales ciudades: por ejemplo, en Monterrey el 83% tiene una opinión muy o algo buena del sector, por 69% de la CDMX (EPEC, 2022).
De acuerdo a la misma EPEC, la principal razón de quienes expresan una opinión positiva es práctica: las y los empresarios crean empleos. En contraste solo la mitad de la población (49%) declara tener confianza en el sector.
Pero hay una distinción clave: la confianza en el empresariado aumenta al 70% cuando se piensa en el empleador o patrón directo.
En un clima político y mediático de constante confrontación entre el presidente y liderazgos del sector privado, resulta interesante hacer la distinción entre lo que sucede en las altas esferas y se reproduce en la narrativa de los medios y las redes sociales, con lo que la ciudadanía siente y piensa de los empresarios con base en su experiencia personal.
Lo anterior sugiere que hay grandes historias de colaboración entre empresarios y su personal, que esas conexiones existen más allá del ruido y el desgaste en el discurso público.
Por tanto, una reflexión interesante rumbo al proceso electoral es cómo el sector privado se vuelve un vocero de los intereses no solo del clima de negocios y de la productividad de las empresas, sino de la calidad de vida de sus colaboradores.
Naturalmente, para que la narrativa sea sólida, tiene que ir acompañada de acciones genuinas por el bienestar de las y los empleados.
Esta reflexión está en el centro de lo que propone la Iniciativa Capitalismo Social: pensar en las empresas como entidades que generan desarrollo humano y económico a la par, desde su razón de ser.
Y ese cambio desde la esencia misma de la empresa, no debería depender de quién ostenta el gobierno en un periodo determinado, sino realizarse por convicción propia.
Aquí es donde viene lo interesante: las empresas no necesariamente requieren de una política pública -sea por regulación o por incentivo- para empezar a demostrar con hechos su compromiso hacia un capitalismo social. Algunos ejemplos simples:
Establecer políticas de pronto pago (por ejemplo, 15 ó 30 días) para proveedores que sean micro y pequeñas empresas.
Definir salarios con base al valor del puesto y las posibilidades de la empresa, no con base a lo que pagan los competidores (sobre todo cuando en un mercado se pagan salarios castigados).
Definir esquemas de mejora salarial para las y los colaboradores con ingresos más bajos, con miras a eventualmente alcanzar un salario digno.
Establecer esquemas flexibles de trabajo que permitan a las personas con responsabilidades de cuidado (de niños, adultos mayores o familiares enfermos), que son en su mayoría mujeres, continuar con su empleo y crecer.
Impulsar las oportunidades de capacitación y crecimiento para las mujeres en todos los niveles de la empresa.
Para volver a las empresas en voceros y defensores del bienestar de sus colaboradores, deben demostrar ese mismo compromiso en su interior.
En resumen: Decía Sun-Tzu que las guerras prolongadas no le convienen ni al vencedor. Su lógica es sencilla: el conflicto constante desgasta, cuesta y complica. El reto del sector privado es tener una narrativa convincente sobre su impacto positivo en la sociedad que no se defina ni dependa del poder público. Por su puesto la colaboración debe ser el objetivo, pero la narrativa del sector privado debe valer por sí misma.
Por supuesto que la agenda a discutir en la elección 2024 debe ser más amplia. Dos temas adicionales a desarrollar serían: impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica y promover la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción desde las empresas.
La sucesión presidencial sin duda es un hito que debe ser aprovechado para posicionar la importancia de impulsar un modelo que impulse el desarrollo humano y económico a la par. El reto es posicionar su importancia para que trascienda ciclos de cambio político y se convierta en una agenda que sea del interés permanente de todos los sectores.